Desde sus orígenes, la FUNDACIÓN MANANTIAL percibió la necesidad de información que tenían los familiares de personas con Trastornos Mentales Graves (TMG) al respecto de su específica situación jurídica, social y laboral.

A fin de atender esta necesidad, se promovió la creación de un servicio que diera respuesta adecuada a dicha demanda y así, por resolución nº 1676/97 de la Secretaría General Técnica de la CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES de fecha 11 de febrero de 1997, fue concedida autorización administrativa y se dispuso la inscripción en la sección II, subsección segunda del Registro de Entidades Centros y Servicios con el nº registral S0986, el SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN de la FUNDACIÓN MANANTIAL.

Su necesidad era evidente, como lo demuestra el continuo incremento de las consultas atendidas, hasta alcanzar la cifra de 134 personas en el año 2005:

Si bien la finalidad inicial era la de facilitar orientación e información a los familiares de las personas con TMG, siempre de forma gratuita e independientemente de que fueran o no tutelados por la Fundación, la evolución de la propia entidad y el aumento progresivo del número de personas tuteladas han provocado, sobre todo en los dos últimos años, un significativo aumento de los profesionales de Centros de Rehabilitación y de Salud Mental que se ponen en contacto con nosotros para consultar sobre temas relativos a sus propios usuarios.

Su inserción dentro del Programa de Tutela de la FUNDACIÓN MANANATIAL se hacía necesaria a fin de que el nuevo servicio estuviera atendido por profesionales que no sólo tuvieran la necesaria formación académica, sino también fundamentalmente práctica en el terreno social y jurídico que iba a ser fuente fundamental de las consultas.

La tipología de las consultas realizadas está en íntima relación con la persona que las realiza. Así, mientras que los familiares de personas con TMG demandan todo tipo de información, jurídica y social, los profesionales involucrados directa o indirectamente en el proceso de atención, demandan una información casi exclusivamente jurídica y, dentro de ella, especialmente la que guarda relación con la coordinación con los Jueces y miembros del Ministerio Fiscal, citaciones judiciales tanto de usuarios como de los propios profesionales y muy significativamente criterios de actuación en aquellas situaciones de contenido sanitario o social, pero con indudables implicaciones judiciales (internamientos, tratamientos involuntarios, medidas de protección…)